La Defensora del Pueblo reclama el desarrollo reglamentario de la Ley de Renta Básica de Inserción

La Defensora del Pueblo de España, atendiendo a las pretensiones de la queja presentada por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, ha dictado un Recordatorio de Deber Legal a la Consejera de Sanidad y Política Social para que “impulse a la mayor brevedad posible la aprobación del decreto por el que se desarrolle reglamentariamente el contenido de la Ley 3/2007” alegando que “una situación económica determinada no puede eximir del cumplimiento de una disposición legalmente establecida ya en el año 2007”.

La Ley de Renta Básica de Inserción es la prestación a la que acceden durante 12 meses las familias que se encuentran sin empleo y han agotado cualquier tipo de prestación o subsidio, garantizando un mínimo vital que evite la caída en la exclusión social.

La demora en el desarrollo reglamentario, que debió aprobarse en el plazo máximo de seis meses, ha sido incluso motivo para que la Asamblea Regional aprobara una moción el 2 de noviembre de 2011, instando al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al desarrollo “inmediato” del Reglamento.

No obstante, el Recordatorio de deber legal a la Consejería de Sanidad y Política Social no resulta novedoso, pues ya se produjo en 2012 por la extinta institución del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia.

Las consecuencias de la falta de desarrollo reglamentario es que se aplica un mínimo de 300 euros por familia y mes, cuando corresponde por Ley 400 euros. A esta cuantía habría que añadir complementos en función del número de miembros a cargo, pudiendo llegar hasta un máximo de 800 euros. En la actualidad, el importe medio por familia se sitúa en unos 350 euros al aplicar importes que debían ser transitorios en espera de desarrollar el nuevo derecho, según refiere el portavoz del Colegio.

Otras cuestiones, según la Ley, que deben desarrollarse mediante Reglamento son los requisitos de los destinatarios, el importe a partir del cual se tiene derecho a esta prestación, el procedimiento para la instrucción y resolución de solicitudes o el seguimiento de la aplicación de la Ley por diferentes interlocutores sociales como empresarios y sindicatos.

“Deseamos que el Gobierno regional cumpla la Ley en la que reflejó su compromiso con la ciudadanía murciana y asuma el carácter prioritario de garantizar un mínimo vital a las familias. Los trabajadores sociales no podemos contrarrestar el avance de la exclusión ni desarrollar un itinerario de inserción con familias que, pese a sus esfuerzos, inmersos en un contexto de crisis y desempleo, carecen de mínimos vitales como agua, luz, vestido o alimentación”, señala el portavoz del Colegio.

Los trabajadores sociales advierten que una situación de precariedad económica, generalmente, irá acompañada del deterioro que empuja a las familias hacia la exclusión social, familias cada vez más de clase media. Recientemente se conocieron los datos del Gobierno de España que cifran en más de 19.000 las familias murcianas que carecen de cualquier tipo de prestación o subsidio.

“Instamos al Gobierno Regional a que priorice el cumplimiento del mandato legal ordenado por el Presidente R. L. Valcárcel y desarrolle reglamentariamente la Ley, dando cobertura a todas las familias que tengan derecho a ello, tendiendo la mano de los trabajadores sociales una vez más al Gobierno para colaborar en todo aquello que se nos requiera”, concluye el portavoz del Colegio.